Todo parece que la importancia de las redes sociales en la política actual crece cada vez más. Inesperadamente, el día de ayer el Gobierno de Bolivia declaró que sancionará a las personas que insulten al presidente Evo Morales a través de dicho medio. La guerra inició por una amenaza del vicepresidente Álvaro García Linea: «Estoy entrando al Internet y voy anotando con nombre y apellido los insultos que le hacen a nuestro presidente”. Además, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que existe una unidad de monitoreo de información de los diarios digitales y las redes sociales: «En Twitter y Facebook se distorsiona tremendamente la realidad; se escriben cosas discriminatorias y racistas. Nadie afectará el derecho de las personas de opinar, de expresarse, eso nunca lo vamos a tocar».
La gravedad del asunto quedará plasmada en la Ley de Regulación de Internet, como ejes principales serán el controlar el acceso y uso de las redes sociales. Claro es, a la misma libertad de expresión.
Ni el presidente Morales, ni el vicepresidente García tienen alguna cuenta de red social, por lo que mucho menos conocen su funcionamiento y contra qué se están metiendo.
Casos como el de Egipto y la revolución 2.0, serán recordados por el poder que tuvieron los ciudadanos al utilizar Internet como una herramienta de transformación y movilización. No hubo barreras para frenar el ciberactivismo, aún cuando se utilizó como estrategia el bloqueó de los servicios de Internet en todo el país. Ganaron los manifestantes, perdió la dictadura.
La persecución comenzará en forma con una Ley que afirma su falta de experiencia y conocimiento de los nuevos medios, a los cambios culturales y a la sociedad de la información. Para Bolivia no es un avance, sino un retroceso.